Contrario a la experiencia que hemos tenido con la expedición de las normas en materia de protección de datos personales, las relativas a identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita ha sido llevada a cabo en tiempo y forma, lo cual evidencia la relevancia y prioridad que el asunto representa para el Ejecutivo Federal.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, entró en vigor el 17 de julio del presente año; su Artículo Segundo Transitorio previó que su Reglamento debería ser promulgado dentro de los 30 días siguientes a que la propia Ley entrara en vigor, y el pasado viernes 16 de agosto vimos la publicación del Reglamento en el Diario Oficial de la Federación.

Exactamente el viernes pasado fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las las Reglas de Carácter General a que se refiere el artículo 6, fracción VII, de la citada Ley, mismas que prevén las medidas y procedimientos mínimos a seguir por quienes realicen Actividades Vulnerables, con la finalidad de prevenir y detectar actos u operaciones que involucren operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como los términos y modalidades conforme a los cuales dichas personas deberán presentarse los Avisos que están obligadas a dar a la UIF de SHCP a través del SAT.

El artículo 17 de la Ley Anti-Lavado dispone que hay 15 Actividades Vulnerables sujetas a su normatividad:

1. Práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos.
2. Emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras.
3. Emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras.
4. Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
5. Prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.
6. Comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes.
7. Subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes.
8. Comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
9. Prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.
10. Prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores.
11. Prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación suya: a) Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes; c) Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; d) Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o e) Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.
12. Prestación de servicios de fe pública por parte de Notarios y/o Corredores públicos, bajo ciertos términos.
13. Recepción de donativos por asociaciones y sociedades sin fines de lucro.
14. Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de mercancías determinadas.
15. Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.

Quienes realicen operaciones derivadas de dichas Actividades Vulnerables con una misma persona, en las que se alcance o exceda, ya sea en una sola operación o en varias dentro de un período de 6 meses los montos previstos por la normatividad referida, deberán presentar los correspondientes Avisos a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, ya sea por sí (personas físicas) o a través de su representante encargado de cumplimiento normativo o por medio de las Entidades Colegiadas que sean autorizadas para tales efectos.

Los formatos oficiales para la presentación de Avisos fueron publicados hoy en el Diario Oficial de la Federación, en 2 secciones. Momento de ponerse a trabajar en la implementación del cumplimiento normativo de la materia, toda vez que el primer Aviso deberá ser dado el 30 de octubre de este año.

Vi por primera vez el video en que Víctor Gordoa difunde su queja contra HSBC en redes sociales y, al igual que mucho material que circula por esos canales asumí que podría ser spam, una hoax o algo por el estilo.

Sin embargo Capitanes en el Reforma del viernes me deó ver claramente 2 cosas: primera, que el caso es verdadero y resulta en otra instancia de ineficiencia y torpeza en la prestación de servicios por una institución de crédito mexicana, y segunda, que es otro más de los casos en que sólo una figura pública llama la atención de la autoridad.

Víctor Gordoa, director del Colegio de Imagen Pública recurrió además de a su columna en Excelsior a un video en YouTube como medio para vapulear a HSBC por la desaparición de los efectos que él y su señora habían depositado en una caja de seguridad de Banco del Atlántico («en una pequeña sucursal de un barrio del Estado de México, conocido como La Herradura»), mismo que despúes se convirtió en Bital, el cual a su vez fue adquirido por HSBC.

El Sr. Gordoa narra que luego de 2 años de lidiar con varios gerentes de sucursal y de aportar pruebas documentales y físicas, el «el señor precavido y su esposa, la señora cumplida» han experimentado terror al no haber podido tener razón de lo que sucedió con su caja de seguridad en dicho banco, y menos con los efectos que habrían depositado ahí. Aunque el título del video («Terror en HSBC») no sea el mejor (angustia, preocupación, aprensión, sin duda), el efecto sobre la marca e imagen del banco, bastante abolladas por los casos de lavado de dinero, será el que el Sr. Gordoa busca.

HSBC no tendrá salida fácil del asunto: por un lado una figura pública lo está vapuleando, y jurídicamente es claro que cometieron una torpeza. Por principio, la operación es mercantil, ya que el artículo 75, fracción XIV, del Código de Comercio reputa como actos mercantiles a las operaciones de los bancos, y el propio Código, prevé tratándose del depósito mercantil, que el depositario está obligado a conservar la cosa, objeto del depósito, según la reciba, y a devolverla con los documentos, si los tuviere, cuando el depositario se la pida, y que éste último  responderá de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia.

Ahora bien, la legislación bancaria dispone que el servicio de cajas de seguridad, como la del Sr. Gordoa, obliga al banco depositario a responder de la integridad de las cajas y mantener el libre acceso a ellas en días y horas hábiles. Pero además el Sr. Gordoa debería referirse a las condiciones generales del contrato que mostró en YouTube, ya que en las mismas deberían estipularse las causas, formalidades y requisitos que se observarían para que el banco pudiera proceder, ante notario público, a la apertura y desocupación de la caja, así como lo relativo a la custodia de los bienes extraídos.

Es inverosímil que HSBC no pueda dar cuenta de cómo, cuándo y ante qué fedatario habría cumplido con esas obligaciones, y que tampoco pueda presentar al Sr. Gordoa un instrumento público en el cual se relacionara el proceso de apertura y desocupación de su caja, o la custodia que se hubiera dispuesto para el cumplimiento de su obligación de conservación de los efectos depositados a su cuidado. Que HSBC escapara indemne de esto sería aún más sorprendente.

Lo único del caso que no es inverosímil es que, como siempre sucede en México, es por tratarse de una figura pública que la Presidencia de la CONDUSEF ofreció intervenir en el asunto, cosa que no sucede para «Juan Pueblo», pero que la bonhomia del Sr. Gordoa le hizo extensiva al convocar a todo aquél que tuviera quejas contra HSBC para que concurrieran el día de ayer a sus oficinas para manifestárselas directamente a Mario di Constanzo.

Buena suerte para HSBC, mejor suerte para el Sr. Gordoa.