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Nota Reforma 19-01-14Una nota publicada el día de ayer en la primera plana de la sección “Nacional” del diario “REFORMA” intitulada “Usa el IFE Datos sin Autorización”, en la que se refiere que el Instituto Federal Electoral habría hecho uso de los datos de Mabel Ivonne Castañaers Leyva en la presentación a los medios en diciembre pasado del nuevo diseño de la credencial para votar con fotografía elaborada por Giesecke y Devrient, superponiendo la fotografía de quien sería empleada de ésta última a la credencial emitida por dicho Instituto a favor de la antedicha ciudadana da oportunidad para comentar sobre la dicotomía que existe en la regulación de la protección de datos personales en posesión de las entidades del sector público y las del sector privado.

En tanto que la nota de referencia cita los artículos 9 y 12 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPDPPP”),

  1. Debería haber citado la Ley Federal para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (la “LFTAIPG”), y
  2. Tratándose del Principio del Consentimiento en aquélla debería haber citado el artículo 8, que contiene las reglas generales del consentimiento para el Tratamiento de Datos Personales, toda vez que la credencial para votar no contiene datos personales que la LFPDPPP considere sensibles.

Esto último debido a que de acuerdo con su artículo 3, fracción VI, son considerados como sensibles “aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual”. Si esa mica contuviera datos como grupo y RH sanguíne que, por ejemplo, son visibles en las licencias de conducir de los EE.UU.A., para el caso de una emergencia por un siniestro de tránsito, la referencia al artículo 9 de la LFPDPPP hubiera sido correcta, pero no es el caso; la referencia tendría que haber sido a su artículo 8, que contiene las reglas generales del consentimiento para los datos personales que no son considerados como sensibles.

Pero el aspecto más fundamental respecto de la materia de la nota deriva de la referencia a la LFPDPPP, cuando debería haber sido hecha a la LFTAIPG. Ello debido a que de acuerdo con el artículo 2 de la primera Ley referida, son sujetos regulados por aquélla Ley, los particulares sean personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, en tanto que de acuerdo con la fracción V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personaldiad jurídica y patrimonio propios”, y que el artículo 106(1) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, “el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios”.
De un simple silogismo formado con lo anterior podemos concluir que la LFPDPPP no es aplicable al IFE:
  1. PREMISA MAYOR: La LFPDPPP es aplicable a los particulares o personas de carácter privado.
  2. PREMISA MENOR: El IFE no es un particular ni de carácter privado.
  3. CONCLUSIÓN:        La LFPDPPP no le resulta aplicable al IFE.
El estatuto que debió haber sido consultado al respecto es la LFTAIPG, toda vez que de acuerdo con su artículo 1, ésta “…tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal”, incluyéndose entre los objetivos de dicha Ley dispuestos en su artículo 4, fracción III, “garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados”, estos últimos definidos como en la fracción XIV de su artículo 3 de manera tal que incluye a los “órganos constitucionales autónomos”.
Para tales efectos y otros como los que son materia de la nota a que se ha hecho referencia, el Capítulo IV de la LFTAIPG versa sobre “La Protección de Datos Personales”, y la disposición citada con relación al caso planteado debería haber sido su artículo 21, de acuerdo con el cual “los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información”.
Además es importante señalar que el Aviso de Privacidad previsto en la LFPDPPP no resulta aplicable para el Tratamiento de Datos Personales en posesión de instituciones del sector público; en ese caso lo que el Sujeto Obligado debe poner a disposición de los individuos un documento en que establezca los propósitos del Tratamiento de sus Datos Personales a partir del momento en el cual los recabe, de acuerdo con los Lineamientos establecidos por su propio Comité de Información. El Reglamento del IFE en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental puede ser consultado en el siguiente enlace: http://bit.ly/1dH0lRh.
Finalmente, conviene mencionar que, de acuerdo con el artículo 18, fracción II, de la LFTAIPG, se considerará como información confidencial a “los datos personales que requieran el  consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización” en los términos de esa Ley, salvo que “…se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público”, excepción que no se surte en el caso reportado por REFORMA, toda vez que conforme al artículo 171(3) del Código Federal Instituciones y Procedimientos Electorales, “los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y este Código, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el Instituto Federal Electoral fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por este Código en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente”.
Nota Reforma 20-01-14photo-3

En alcance a las 2 entradas inmediatas anteriores en este blog corresponde actualizar que en palabras del Srio. de Protección de Datos del IFAI, el Dr. Alfonso Oñate Laborde, citado por Reforma, “La responsabilidad pudiera recaer en diversas personas, pero pensamos que en un primer momento puede ser en el IFE porque todo apunta a que sea el padrón electoral la base de datos madre, sin embargo, es preciso que tengamos en mente que el padrón electoral, por disposiciones de la propia regulación electoral, se pone a disposición de los partidos políticos“.

Lo anterior reforzaría el punto hecho por un servidor en la entrada intitulada ¿Y la Protección de Datos, apá?, (jugando con el meme del comercial de la Chevrolet Cheyenne): las fallas de otros no justifican las propias, de manera que el sector privado debe cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales no obstante las filtraciones que pudieran provenir del sector público. Más aun, la debida implementación de medidas de trazabilidad que requiere la fracción X del artículo 48 de su Reglamento para la observancia del Principio de Responsabilidad permitirían deslindar responsabilidades y esclarecer casos como este.

Además el caso podría ser una ocasión propicia para que se revise la cantidad de datos personales contenida en esa identificación que se ha hecho indispensable en cualquier trámite en México. Ya antes se ha postulado la eliminación del dato del domicilio indicado en esas credenciales, pero posteriormente se abrió la posibilidad a que se indicara en ellas, a petición del ciudadano, su tipo sanguineo (útil ante una emergencia) y si es o no donador de órganos.

¿En cuántas recepciones de edificios o ventanillas bancarias se pueden ver exhibidas cotidianamente credenciales de elector de personas que las han dejado olvidadas, quedando sus datos personales expuestos?

 

 

El pasado lunes la CONDUSEF emitió ciertas “recomendaciones” para las para las instituciones de crédito (recordemos que estas se subdividen en “banca múltiple”, “banca de nicho” y “sociedades nacionales de crédito”) en materia de protección de datos personales, mismas que se limitan a lo siguiente:

  1. En caso de que las instituciones tengan conocimiento de que los datos personales de alguno de sus clientes se hayan hecho públicos de forma indebida, deberá de informarle y proceder al cambio de su número de cuenta.
  2. Revisar permanentemente las medidas de seguridad de sus sistemas y procesos de manejo de la información, a fin de garantizar la protección de los datos personales de los usuarios.
  3. Verificar que los terceros con los cuales comparten sus bases de datos para fines de mercadotecnia, o cualquier otra actividad relacionada con su operación, se hagan responsables del correcto manejo y reserva de la información en ellas contenida.
  4. En su caso, iniciar las acciones legales procedentes.

La emisión de las recomendaciones citadas no es realmente de mayor utilidad, por lo obvio y limitado de su contenido, pero tampoco es gratuita; se inscribe entre las consecuencias de la nota publicada por el diario Reforma el pasado 3 de junio de 2013, describiendo la disponibilidad en el mercado negro de bases de datos que presuntamente contienen el Padrón Electoral a cargo del IFE, así como la Informacion Sensible de Usuarios de instituciones de crédito como Banamex y American Express. Más aun, el propio Banamex fue el reciente blanco de la segunda multa impuesta por el IFAI con motivo de la violación de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP) y su Reglamento (RLFPDPPP).

 
En seguimiento a ello y a otras notas que siguieron el suscrito expuso al Reforma que conforme al artículo 20 de la LFPDPPP las vulneraciones de seguridad que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los Titulares deben ser informadas de inmeidato a estos por el Responsable del tratamiento de los datos de que se trate, a fin de que estos puedan tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus derechos.
 
 
El Reglamento de la citada Ley puntualiza que tal notificación debe realizarse: (i) en cuanto el Responsable confirme que ocurrió la vulneración y (ii) haya tomado medidas para llevar a cabo una revisión exhaustiva de la afectación, para que los Titulares puedan tomar las medidas correspondientes. Tales medidas deben incluir un análisis de las causas de la vulneración y la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora de las medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas, según sea el caso, relacionadas en el documento relativo a ellas que todo Responsable tiene obligación de llevar.
 
 
La notificación que reciban los Titulares debería indicarles: (i) naturaleza del incidente; (ii) datos personales comprometidos; (iii) recomendaciones que el Titular pueda adoptar para proteger sus intereses; (iv) acciones correctivas realizadas de forma inmediata y, (v) medios por los que pueda obtener mayor información al respecto. Lo anterior responde a un cambio que necesariamente debe operarse en materia de protección de datos personales en México; el Titular de los datos comprometidos por la vulneración debe reaccionar de manera proactiva ante una notificación de tal naturaleza y adoptar las acciones recomendadas por el Responsable, o bien aquéllas que él mismo considere prudentes.
 
 
Ahora bien, en el particular caso de las instituciones de crédito la “Circular Única de Bancos” emitida por la CNBV prevé que aquéllas que se valgan de medios electrónicos para celebrar operaciones y prestar serviciós deben implementar medidas de seguridad en la transmisión, almacenamiento y procesamiento llevado a cabo a través de dichos canales, para evitar que caiga en manos de terceros; tales medidas incluyen el cifrado y/o truncamiento de información, restricciones a los medios para su transmisión.
 
 
Dicha regulación obliga además a tales instituciones a tener controles para el acceso a bases de datos de operaciones y servicios realizados a través de medios electrónicos, mismo que sólo debe ser concedido a personas expresamente autorizadas con motivo de sus funciones, de lo cual deberá dejarse constancia que indique el período al que se limite el acceso, además de procedimientos seguros para la destrucción de medios de almacenamiento de las bases de datos que contenga información sensible de los usuarios.
 
 
Conviene destacar que la definición de “Información Sensible” en la Circular Única de Bancos no corresponde con la de Datos Personales Sensibles en la LFPDPPP, puesto que aquélla es más amplia que ésta última. En materia bancaria se considera Información Sensible del Usuario a su nombre, domicilio, teléfono o correo electrónico en conjunto con los números de sus tarjetas bancarias, números de cuenta, límites de crédito, saldos, indentificadores de usuario o información de autenticación, mientras que la referida ley considera como datos personales sensibles a los que atañen a la esfera íntima del Titular, o se prestarían a someterlo a discriminación.
 
 
De manera paralela a las acciones que la Ley Federal de Protección de Datos Personales obiga a todos los Responsables a tomar ante una vulneración, la Circular Única de Bancos requiere que las instituciones que supongan o sospechen de un incidente que involucre acceso no autorizado a la Información Sensible del Usuario deben (i) enviar, dentro de los 5 días naturales del incidente y por escrito a la Dirección General de la CNBV que los supervise determinada información, y llevar a cabo una invetigación para determinar si la información ha sido o pudo haber sido mal utilizada, notificando tal situación a los propios usuarios dentro de los 3 días hábiles siguientes para prevenirles de los reisgos derivados del mal uso de su información extraída, extraviada o comprometida, así como de las medidas que deban tomar.
 
 
Adicionalmente la Circular Única de Bancos contiene disposiciones que norman la contratación con terceros de servicios o comisiones para realizar procesos operativos o de administración de bases de datos y sistemas informáticos; tal contratación requiere de un aviso del Director General del banco a la CNBV indicando, entre otras cosas, las medidas a ser implementadas respecto de la vulnerabilidad de la información relativa a los clientes.
 
 
En conclusión, el caso reportado por Reforma seguramente no sólo será materia de investigación por el IFAI, el IFE y las instituciones de procuración de justicia, sino también por el regulador bancario.
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