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Archivo de la etiqueta: Código Fiscal de la Federación

cctv3 - CopyPrevio a la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, diversos medios publicaron múltiples comentarios sobre la afectación que los artículos 189 y 190 del proyecto de Decreto aprobado por el Congreso de la Unión suponen para la protección de datos consagrada en el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre lo cual se comentó en este blog el 4 y 28 de julio de este año.

El tema se resume en que los artículos referidos obligan a los autorizadosy proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente, referida de manera muy genérica como “instancias de seguridad y procuración de justicia”, cuyos titulares podrán designar, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, a los servidores públicos encargados de gestionar tales requerimientos que se realicen y recibir la información correspondiente a la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, so pena de sanción de la autoridad por desacato.

Hoy día el Reforma reporta que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el proyecto de Acuerdo por el que el Titular de esa Unidad designa a los Servidores Públicos que se mencionan en el mismo, para efecto de lo dispuesto en el citado artículo 189 de la #LeyTelecomm, designando como tales a los titulares de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, y a su Dirección General de Procesos Legales.

El encabezado de prensa pareciera ser sensacionalista y amedrentar a muchos: “Rastreará SHCP a evasores por celular“. Al respecto hay que considerar si las facultades de la UIF atañen a la seguridad y procuración de justicia; naturalmente dicha Unidad lo estima así, y por ello motiva el proyecto presentado a COFEMER indicando que el artículo 15 del Reglamento Interior de la SHCP le otorga competencia para denunciar ante el Ministerio Público Federal las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de esos delitos (art. 15, fracción XIII), por lo que se ajustaría al extremo previsto en el citado artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Al respecto debe considerarse que los tipos penales referidos en la norma del Reglamento Interior que se cita, comúnmente conocidos como “lavado de dinero”, son esencialmente accesorios; es decir, aunque son penados en sí mismos aunque sirven como medio para la comisión de otros actos previstos como delito por los artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal, y de la lectura del proyecto de Acuerdo se podría interpretar que la intención del Titular de la UIF sería acotar su ejercicio de la facultad prevista en el referido artículo 189 a su actuación respecto de los mismos. Adicionalmente, la fracción XI del citado artículo del Reglamento Interior la faculta también para “coordinarse con las autoridades fiscales para la práctica de los actos de fiscalización que resulten necesarios con motivo del ejercicio de las facultades conferidas conforme al citado artículo; por lo tanto, el rastreo mediante geolocalización en tiempo real de dispositivos de telecomunicación móvil debería darse solamente en los casos en que la “evasión fiscal” hubiera sido una de las conductas punibles de las que se hubieran obtenido los recursos con los que se hubieran realizado las operaciones investigadas hubieran derivado de alguna de las conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal hubieran sido producto de la comisión de alguna de las conductas previstas en los artículos 108 a 111 del Código Fiscal de la Federación.

En los meses siguientes se verá, sin duda, a muchas otras autoridades administrativas presentar ante la COFEMER sus respectivos proyectos de Acuerdo para los mismos efectos. Posiblemente ello contribuya para paliar, en la práctica y de manera fáctica, la falta de claridad y ambigüedad del multicitado artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aunque no debiera ser el caso.

Por otra parte, en breve se verá si el IFAI, en su nueva integración, resuelve afianzar su papel de garanta del acceso a la información pública y protección de datos personales, pues su pleno resolverá en su sesión del día de hoy sobre el ejercicio de la acción de inconstitucional que le fue conferido por virtud de la reciente reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero del año en curso. La discusión se escucha reñida, y sin lugar a dudas los votos de sus Comisionados aportarán indicaciones sobre sus criterios y lo que podría esperarse de su actuación en esos puestos y de la del Instituto mismo.

 

 

 

 

El día de ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el cual el IFAI estableció un sistema electrónico para la presentación de solicitudes de protección de derechos, denuncias por presuntos incumplimientos a la LFPDPPP, así como para sustanciar los procedimientos previstos en dicho ordenamiento, a saber de protección de derechos, verificación e imposición de sanciones, valiéndose para ello del uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

A ese último respecto es convieniente recordar que si bien en un principio y de acuerdo con el Capítulo II del Título I del Código Fiscal de la Federación los Certificados de Firma Electrónica emitidos por el Servicio de Administración Tributaria sólo eran válidos para su uso en promociones hechas ante la autoridad exactora, a pesar de que la figura había sido regulada también en el Capítulo I del Título II del Código de Comercio, y posteriormente su uso fue ampliado a las funciones propias de la Secretaría de la Función Pública, la utilización de ese medio de autenticación fue ampliada exponencialmente por virtud de la Ley de Firma Electrónica Avanzada promulgada el 11 de enero del 2012.

La medida será sin duda un medio fundamental para expandir la capacidad de actuación del IFAI, misma que era restringida por el hecho de no tener delegaciones regionales en el interior de la República, lo que motivaba la necesidad de recurrir a su Centro de Atención a la Sociedad para la presentación de solicitudes de protección de derechos, denuncias y sustanciación de procedimientos.

Con la implementación de este Sistema Electrónico, y sumado a su Generador de Avisos de Privacidad, el IFAI ha dado un paso más para ponerse a la vanguardia entre las Agencias de Protección de Datos del Mundo, ejemplo de las cuales son la Canadiense y Británica, cuyas páginas Web contienen además materiales y medios para que los sujetos obligados al cumplimiento en la materia puedan capacitarse y desarrollar medios de cumplimiento propios.

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