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IP/Propiedad Intelectual

FIDP13_00217La semana pasada tuve oportunidad de asistir a 2 importantes eventos en materia de tecnologías de la información realizados en la Ciudad de México:

  1. El “Encuentro Legislativo con la Sociedad sobre Tecnologías de la Información y Comunicación de la Cámara de Diputados“, organizado por la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación de dicha Cámara y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), y
  2. El Foro Internacional del IFAI sobre Seguridad de Datos Personales, organizado por dicha agencia de protección de datos.

El primer evento fue, en palabras del Dr. Alfredo Reyes Krafft, como “speed dating” en materia de conocimiento de regulación de tecnologías de la información; se organizaron 10 mesas para abordar temas como nombres de dominio, protección de datos personales, protección de la propiedad intelectual, prueba electrónica en juicio e impacto de las TI’s en materia laboral, etc., de manera rotativa con especialistas como la Dra. Isabel Davara, Kiyoshi Tsuru, Joel Gómez y varios más que fueron moviéndose entre las mesas en compañía de un(a) Diputado(a), a fin de comentar los aspectos más relevantes.

Para los asistentes menos versados en esos temas fue, sin duda, una experiencia enriquecedora, al igual que para varios de los legisladores que estuvieron presentes, no obstante que se realizaba una sesión del pleno, quienes demostraron gran interés por empaparse de los temas y entender su impacto en la Agenda Digital de nuestro país, así como el estado de la legislación en esas materias.

El segundo evento, organizado por el IFAI, tuvo como ponentes tanto a funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos, de la Delegatura para la Protección de Datos Personales de Colombia, del Institute of Audit & IT -Governance España y de SM4RT Security, empresa mexicana que estuvo muy cercana al IFAI en el desarrollo de sus Recomendaciones en Materia de Seguridad de Datos Personales.

Uno de los aspectos más relevantes de ese evento fue la explicación de la Metodología de Análisis de Riesgo BAA, siglas para:

  • Beneficio, para el atacante, en cuanto al valor económico, reputacional o estratégico de los datos personales blanco del ataque;
  • Accesibilidad de los datos personales, en cuanto a lo cual se plantea la disyuntiva entre su confidencialidad y la posibilidad de tenerlos a la mano, y
  • Anonimidad del atacante.

La aplicación de esa metodología se orienta a reducir la rentabilidad del atacante, al elevar el riesgo que el ataque le representaría respecto del retorno que podría obtener a través del mismo.

La materia de seguridad de la información es sumamente técnica, y en organizaciones más sofisticadas requiere de la intervención de uno o más especialistas en diversas materias, tales como informática, mitigación de riesgos, seguridad física y perimetral, entre otras, además de requerir de la toma de decisiones muy íntimas para la organización.

En este aspecto la mayor aportación del abogado especialista en protección de datos personales es identificar aquellos aspectos operativos que pudieran significar un incremento del riesgo legal inherente al tratamiento de datos personales, así como tomar las aportaciones de los otros especialistas involucrados y vertirlos en un documento que cumpla con los requisitos determinados por la autoridad de protección de datos personales.

Uno de los desarrollos legislativos más trascendentales para quienes nos dedicamos al ejercicio de la profesión en la intersección del Derecho y la tecnología sin duda fueron las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones del 11 de junio de este año, mediante las cuales fue creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFETEL”), como un organismo descentralizado y encargado del desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en nuestro país. Muchos comentarios fueron hechos sobre la designación de los Comisionados integrantes de su órgano de gobierno, mismo que fue integrado el 10 de septiembre del presente año.

Sin embargo, parece que se le dio poca o ninguna atención a los aspectos de comunicación del IFETEL con el público. Por principio, el Instituto Federal Electoral tiene desde hace años una línea de atención al público denominada, precisamente, IFETEL (01 800 IFE 2000 (01 800 433 2000), y no parece haber habido mayor difusión sobre algún cambio en la denominación de ese servicio.

Además de lo anterior, parece que tampoco se prestó mucha atención al desarrollo de una página de Internet del nuevo y flamante IFETEL, pues no hay tal, aunque el dominio http://www.ifetel.gob.mx ya está registrado con Akky.mx, quien indica como Registrante de éste a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a partir de agosto de 2013; es decir 2 meses después de las citadas reformas constitucionales, aunque uno antes de la promulgación del Estatuto Orgánico de dicho Instituto.

Algo que parece una omisión importante es que dicha Comisión no haya procurado obtener registros defensivos para la denominación del IFETEL. Conforme a las Políticas para el registro de dominios de Akky (o NIC México), los dominios registrados bajo el ccTLD .mx están sujetos a clasificaciones que, en principio, se fundamentan en el RFC 1591 (originalmente escrito por el “late, great” John Postel), y conforme al mismo los dominios .edu.mx y .gob.mx están reservados para entidades que acrediten ser de naturaleza educativa o de gobierno. Para ello en algún tiempo se requirió que los solicitantes del registro de esos dominios presentaran una copia de sus solicitudes impresa en papel membretado de la instutición respectiva.

Con  base en dicha clasificación, la autoridad de telecomunicaciones podría haber considerado que la existencia de una clasificación “.gob” debería bastar para que el publico no pensara encontrar a la autoridad de telecomunicaciones en una dirección .com.mx, .mx ni .org.mx. Podría considerarse un razonamiento válido, al menos para quienes estamos acostumbrados a que por regla general los dominios de instituciones gubernamentales sean .gob.mx, no obstante que otros como el del IFAI y del IFE o del Banco de México se encuentren en clasificación .org.mx. Una pregunta importante a considerar es qué tan claro o evidente pudiera ser lo anterior para residentes en el extranjero que se encuentren con que la denominación del IFETEL directamente bajo .mx está en parking… y el lucro que tales domainers podrían estar logran a través de la denominación de una institución del gobierno mexicano a través del “pay-per-click” de la publicidad que obtienen mediante los esquemas de parking que siguen.

Esto último es un hecho; los “domainers” (eufemísticamente “domain name investors”) no se hicieron esperar, y http://www.ifetel.com.mx, aparece registrado por una persona que supuestamente viviría en Panamá, encontrándose dicho dominio en venta y “parking” con SEDO.COM; http://www.ifetel.mx aparece como registrado por un residente de Monterrey, N.L., y http://www.ifetel.org.mx está registrado por un residente de Ecatepec, EdoMex.

¿Qué vías de acción podria tener el IFETEL para resolver tal situación? La conocida LDRP del NIC México? Las Políticas de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX prevé como primer requisito de procedibilidad que el dominio presuntamente infractor sea “…idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos”. Si bien el artículo 90, fracción, fracción VII, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca “…las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos”. Sin embargo, parecería haber cierta distancia entre ello y que el IFETEL tuviera una marca registrada para su denominación.

¿Sería buena práctica que las instituciones públicas mexicanas registraran sus marcas ante el IMPI? Pensaría que si, no sólo por casos como éste, sino porque en otros países, como los EE.UU.A., las instituciones gubernamentales si registran y procuran sus marcas de servicios como cualquier ciudadano debería hacerlo. Ante tal omisión, la opción más clara del IFETEL probablemente sería optar por una Disputa por Titularidad de los nombres de dominio que considerase contravinieran los derechos que pudiera tener sobre su denominación.

En todo caso, cuando menos sería importante que dicho Instituto subiera a Internet a la brevedad posible y a través del dominio con el que cuenta una página que despejara las dudas del público sobre la existencia de una página oficial del IFETEL, procurando restarle con ello credibilidad a los dominios que fueron registrados con su denominación, pero que no guardan relación alguna con él.

Imagen

Hace tiempo me topé con este letrero en un edificio de la Ciudad de México, el cual motiva la duda sobre el régimen para proteger el derecho a la imagen de las personas.

Antes de la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, cuyo Reglamento prevé en su artículo 3, párrafo tercero, que los datos personales podrán estar expresados en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, la materia del derecho a la imagen estaba regulada a nivel federal en el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor bajo 4 premisas elementales:

  • El retrato de una persona sólo podía ser usado o publicado con su consentimiento expreso, o con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes, siendo tal autorización revocable en todo momento.
  • Se presumía que quien se debaja retratar por remuneración había otorgado tal consentimiento y que no podría revocarlo  era utilizado en los términos y para los fines pactados.
  • El consentimiento del retratado no era necesario cuando se tratara del retrato de una persona que fuera parte menor de un conjunto, o la fotografía hubiera sido tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos.
  • Los derechos establecidos para las personas retratadas durarían 50 años después de su muerte.

Por otra parte, el 19 de mayo de 2006 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la “Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal“,  a la que alude la imagen de esta nota, la cual prevé que:

  • “(propia) Imagen” es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material… con lo cual dejaron de lado la fotografía digital.
  • Toda persona tenía derecho sobre su imagen: la facultad para disponer de su apariencia autorizando, o no, la captación o difusión de la misma, por lo que la difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso constituiría un acto ilícito (que no delictivo).
  • Además la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento (que por la limitante de la primera viñeta en el presente,  debería ser analógico), de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos sin la autorización de la persona constituía una afectación al patrimonio moral.
  • La imagen de una persona no debería ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no era con su consentimiento, a menos que dicha reproducción estuviera justificada por la notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe o cuando la reproducción se hubiera hecho en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que hubieran tenido lugar en público y hubieran sido de interés público.
  • Cuando la imagen de una persona fuera expuesta o publicada sin haber sido consentida, con perjuicio de la reputación de la persona, la autoridad judicial podría disponer a petición de parte que cesara el abuso y se reparasen los daños ocasionados.

Visto lo anterior, ¿qué ordenamiento deberían aplicar establecimientos como centros comerciales, restaurantes, hoteles o nosocomios, en los que cotidianamente transcurren hechos de gozo y tristeza en la vida cotidiana de quienes entran y salen de ellos?¿De qué nivel de protección gozaremos las personas respecto de nuestra imagen captada en tales espacios?

Para tales respuestas es preciso atender al Artículo Quinto Transitorio de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, conforme al cual en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposiciones locales en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares como la arriba citada quedaron abrogadas, por lo que aquélla no debería ser ya materia de aplicación.

Ahora bien, considerando que la misma norma Transitoria prevé la derogación de las demás disposiciones que se opusieran a la la referida Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, nos encontramos en un régimen bajo el cual:

  1. El consentimiento expreso ya no es necesario para hacer uso de la imagen de una persona. Toda vez que no se trata de un dato personal sensible (y eso con sus bemoles, dado que generalmente por el retrato se puede identificar el origen étnico o racial de la persona), el Tratamiento de la imagen no requiere del consentimiento expreso del Titular de ese dato, de manera que para el aviso de privacidad correspondiente bastaría el consentimiento tácito.
  2. Más aún, cual escribí anteriormente, de acuerdo con el criterio del IFAI, tratándose de video-vigilancia basta un aviso de privacidad corto.
  3. Aún cuando baste que sean expresados de manera tácita y la práctica prudente en “copyright clearing” ha sido obtener autorización de todos los retratados, el número de consentimientos requeridos para el Tratamiento de una fotografía de grupo se ha multiplicado, puesto que se requiere el de cada persona que aparezca en la imagen.
  4. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares resultaría aplicable aún cuando la imagen hubiera sido captada en un lugar público, toda vez que ni ella ni su Reglamento distinguen en cuanto a la fuente (el artículo 7 del Reglamento enumera aquéllas consideradas como de acceso público), sólo en cuanto a la materia.
  5. En ese orden de ideas, y la disposición del párrafo segundo del artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor de acuerdo con la cual cuando a cambio de una remuneración, una persona se dejare retratar, se presume que ha otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior y no tendrá derecho a revocarlo, siempre que se utilice en los términos y para los fines pactados, el Titular tendría siempre expedita la facultad para revocar tal consentimiento por virtud del artículo 20 del Reglamento de la LFPDPPP, sin que la revocación pudiera tener efectos retroactivos de acuerdo con el último párrafo del artículo 7 de la propia Ley.
  6. De acuerdo con los artículos 42 y 109 del Reglamento de la LFPDPPP, el derecho de Oposición sería eficaz para cesar el Tratamiento, pero no podría tener efectos retroactivos, cuando el Tratamiento fuera necesario para el mantenimiento de una relación jurídica entre el Titular y el Responsable.

Será sumamente interesante ver cómo resuelve el Poder Judicial de la Federación los casos que se presenten respecto de uso de la imagen versus libertades de expresión, información e imprenta. Entretanto, debería considerarse la derogación tácita del artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor y la abrogación de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

Un comentario que recurre de manera común al exponer a los Responsables la necesidad de implementar el cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales es que, al parecer de muchos, la entrada en vigor del marco regulatorio correspondiente ha generado una nueva burocracia y tramitología que, a la postre, incrementa su riesgo legal.

Además de mirarlo desde la óptica del incremento que esto reporta en la confianza de los clientes y trabajadores de la empresa, así como un ejercicio valioso en sí por “tener la casa en orden”, procuro señalar a mis clientes que hay aspectos de esta labor que pueden abonar a mitigar su riesgo legal en otros aspectos, y uno muy concreto es la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Existe una organización de la sociedad civil llamada Business Software Alliance, integrada por un “quién es quién” del mundo de la tecnología y con alcance global (incluyendo un capítulo en México) que coadyuva con los gobiernos de los países en que tiene sedes para combatir la piratería de software, misma que innegablemente es un problema en México. Dicha organización recibe a través de su página de Internet “denuncias anónimas”, que posteriormente se materializarán en correos electrónicos de sus abogados (que son muy buenos) a través de los cuales “requieren” que el denunciado exhiba los documentos justificativos de la propiedad de su hardware (servidores, CPUs, laptops) y del software con el que éste opere.

Tratándose de una organización de la sociedad civil, más no autoridad, en un descuido podría pensarse que ignorar tal “requerimiento” no tendría consecuencias; sin embargo la BSA lleva años manteniendo vigente un conveno de cooperación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por virtud del cual la desatención a la solicitud de aquélla podría derivar en una visita de éste último, mismo que sí es autoridad y puede requerirle a su empresa todos los elementos de prueba necesarios para justificar que no esté incurriendo en una infracción a la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, la fracción IX del artículo 61 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales prevé que la Relación de Medidas de Seguridad con que debe contar el Responsable del Tratamiento de Datos Personales debe incluir “…un inventario de los sistemas de tratamiento (de datos personales)… y un registro de los medios de almacenamiento (de los datos personales)”.

Tal registro debería incluir precisamente servidores, CPUs de desktops, laptops, incluso smartphones y, de ser posible, USBs entregados a los empleados de la empresa para la realización de sus labores. Al contar con ello el Responsable podrá tener mejor control del Tratamiento de Datos Personales que lleva a cabo, proveerá a la trazabilidad de tales Datos y, a la postre, estará preparado para el caso que llegase a recibir la visita del IMPI y la BSA, conjurando la contingencia de acciones administrativas e incluso tal vez penales derivadas del intento por oponerse a la visita de verificación de dicho Instituto, motivada po la solicitud de BSA.

Para muestra basta un botón; recién se difundió la clausura de una empresa Queretana que se opuso a que el IMPI realizara una inspección de sus sistemas de cómputo. Por el contrario, contar con la Relación de Medidas de Seguridad, que es obligatoria desde el 20 de junio del presente año, mitigará el riesgo legal de una visita del IFAI y le permitirá estar más preparado para atender satisfactoriamente una inspección del IMPI.

El modelo de franquicias se ha difundido a lo largo y ancho de México desde finales de los 80s y ha sido bastante exitoso. Datos de la Asociación Mexicana de Franquicias indican que al 2012 habían 1,300 franquicias, de las cuales 500 estaban realmente activas, facturando unos $85,000 MDP anuales, empleando directamente a más de 700,000 personas.

La distribución de esas 500 franquicias muestra una agran atomización, ya que en el 85% de los casos no les fue posible definir el número de unidades por franquicia. Ese universo de franquicias se distribuía en sectores de alimentos y bebidas, comercio y servicio especializados, tecnología y comunicaciones, cuidado personal, salud y bienestar, servicio automotriz, educación y capacitación, entretenimiento y recreación, servicios financieros, casas de empeño, etc. Todos ellos sectores que llevan a cabo el Tratamiento de Datos Personales en términos de la ley de la materia.

La pregunta práctica en las mentes tanto de franquiciatarios como de Titulares de Datos Personales es ¿a quién le corresponde establecer el cumplimiento normativo en materia de datos personales para cada franquicia? El hecho indudable es que cada franquiciatario, ya sea persona física o moral, sería el Responsable del Tratamiento de los Datos Personales de aquellos Titulares a quienes provea los bienes o preste los servicios de la propia franquicia. ¿Pero debería cada franquiciatario, por si mismo, redactar su propio Aviso de Privacidad y Políticas de Privacidad, establecer sus propias Medidas de Seguridad y capacitar por su cuenta a su personal?

La Ley de la Propiedad Industrial prevé que una franquicia consiste en el licenciamiento escrito de una marca,  y la transmisión de conocimientos técnicos o la provisión de asistencia técnica para que a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

En tal virtud faculta al franquiciante para tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario en la forma y medida necesaria para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia conforme a lo establecido en el contrato de franquicia, mismo que, entre otras cosas, debe prever las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad.

El Reglamento de dicho ordenamiento obliga además  al titular de la franquicia a proporcionar a los interesados diversa informacion que incluye los tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario, y las obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante.

Ahora bien, la Ley Federal de Protección de Datos Personales prevé como excepción al Principio del Consentimiento en Transferencias de Datos Personales la posibilidad de que la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas.

El punto fino a ese respecto sería si la estructura de franquicia correspondería a una de las formas reconocidas por el derecho mexicano como aquéllas que confieren control de una persona sobre otra, o bien que establecen la afiliación entre personas morales.

Un punto adicional es el hecho que el Reglamento de la LFPDPPP y los Lineamientos del Aviso de Privacidad prevén que entre los elementos para la observancia de los Principios de Información, Finalidad y Lealtad en su caso se deberá incluir entre las Finalidades del Tratamiento en el Aviso de Privacidad las relativas al Tratamiento para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial que lleve a cabo el Responsable, aspectos sobre los cuales se expuso el franquiciante puede tener injerencia conforme a la Ley de la Propiedad Industrial.

Por tanto el hecho es que la uniformidad facilitada por el franquiciante en la implementación del cumplimiento normativo en materia de protección de Datos Personales entre los franquiciatarios de una misma franquicia ofrecería a estos mayores facilidades y ventajas, asegurando además la mejoría de la imagen de la propia franquica al evitar asimetrías entre el Tratamiento realizado por cada franquiciatario individual, fomentando con ello la confianza de sus clientes o consumidores.

An entry in  this blog on America’s birthday would be quite fitting in English and about news on one of the tech giants of the USA: Apple, Inc., of Cupertino, CA.

Over the past few days US papers and Mexican domestic media have been raving about how, following a rather predictable branding plan, Apple filed for registration of the iWatch trademark in a number of countries, including our own (IMPI file number 1379250 and 1379251), through none less than the prestigious IP law firm of Arochi, Marroquin & Lindner. However those applications may stumble upon a block on this turf.

News journal Reforma found that the firm of Del Carpio, Covarrubias y Pedraza had filed applications (IMPI file numbers 1348208 and 1348209) for the same trademark in the same classes (9 and 14 of the Nize classification) on behalf of “…a group of Mexican entrepreneurs…” in advance of Apple, which will raise expectations in the IP arena as to how the tech giant’s application will fare, all the more so given the precedent that earlier this year Apple lost in its attempt to register the iPhone brand to a Mexican telecomm company iFone.

Starting in 2009, Apple fought it out with iFone over the registration of the brand for its leading smartphone product over the former’s trademark registration, dating back to 2003. Ultimately this year the tech juggernaut succumbed when the Mexican Supreme Court of Justice ruled  against it in a claim filed by iFone to counter the “amparo directo en revisión” suit that Apple had filed against the prior ruling aginst it to annul the registration secured by the former. That particular case was won by Eduardo Gallástegui, partner with the firm of Holland&Knight in Mexico City

The results of the case have been since felt in the increased cost of Apple’s handsets; whereas in order to lure users into onerous fixed-term boilerplate service contracts carriers in Mexico would commonly factor the cost of the iPhone into the rent for mobile lines offered and market them as “free”, they no longer due and subscribers must now foot an additional amount for the cost of the handset.

Mexico was not the only jurisdiction where Apple met with obstacles to secure its iPhone brand’s registration; it had a similar experience in Brazil, where a local company had prosecuted that trademark since the year 2000 and ultimately received it in 2007.

Trademark prosecution in Mexico differs from that in the USA; for example, there is no opposition period here. And granted, whereas Apple´s application came in until July 3rd, the captioned prior registration was filed on February of this year, around the time that the Madrid Protocol entered into force in Mexico, so that Apple could not have secured an International Registration of its trademark here through an application in another member country. But one such application in another member country of the Paris Convention would have facilitated priority for 6 months over a local filing; whereas the prior filing in Mexico only states November 11th, 2012 as the date of first use of the trademark, Apple’s claims piority based on an application filed in Jamaica on December 3rd, 2012.

At this point the field of intellectual property in Mexico can only speculate how this will fare in practice, whether in board rooms, before the Mexican Institute of Intellectual Property or in court. But be as it may, the matter begs the question as to how long in advance of its R&D should a company with such a clearly (and obviously) defined branding strategy (or trend) start prosecuting it trademarks. 

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