La Suprema Corte de Justicia de la Nación Anula la Norma 29 del GDF

El día de ayer la prensa dio cuenta de la resolución de nuestro máximo tribunal por virtud de la cual la “Norma 29” de la pasada administración del Distrito Federal fue declarada inconstituticional

La norma “29 mejoramiento de las condiciones de equidad y competitividad para el abasto público”, fue aprobada por la V Legislatura de la Asamblea Legislativa y agregada hace 2 años a los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano del D.F., Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Tal estatuto previó que “Los establecimientos mercantiles en los que se pretenda preponderantemente la venta de artículos que conforman la canasta de productos básicos y, de manera complementaria, la de ropa y calzado, bajo el sistema de autoservicio, con el uso de tienda de autoservicio, supermercado, minisuper o tienda de conveniencia, sólo podrán situarse en predios cuya zonificación secundaria sea Habitacional Mixto (HM), así como en predios con frente a vías públicas en los que resulte aplicable alguna “norma de ordenación sobre vialidad” que otorgue la zonificación HM indicada en el plano del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano correspondiente. 

Se exceptúa de la aplicación de esta norma a los establecimientos mercantiles que tengan el uso de suelo de tienda de abarrotes o miscelánea

Dicho de otra forma, autoservicios, supermercados, minisupers o tiendas de conveniencia no podrían establecerse en predios próximos a tiendas de abarrotes o misceláneas (¿no les faltó considerar las “recauderías”?).

Lejos de proveer a la “equidad y competitividad en el abasto público”, la Suprema Corte consideró que dicho ordenamiento es violatorio del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por contravenir los principios de libre competencia y libre concurrencia, y atentar contra los intereses de los consumidores, coincidiendo con los criterios vertidos por la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica fechada el 8 de abril del 2011.

La Norma 29, impugnada por la Procuraduría General de la República, aguantó el año pasado el ataque a los vicios del procedimiento para su aprobación; sin embargo, esta disposición de corte populista claramente no resistió el análisis de su constitucionalidad, y su aplicación habrá de cesar en breve. 

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