#LeyTelecomm: contra la vigilancia de un Estado Policial

Como corolario a la entrada del 4 de julio de este año, en la que fueron referidas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 del mismo mes, vale la pena referir que el día 9 también de julio la Revista Nexos publicó en el Blog de su Redacción una nota en similar sentido.

La publicación también criticó que, contra la tendencia al respecto en la Unión Europea y los EE.UU.A., así como de la orientación de la actividad legislativa en materia de privacidad durante la administración pasada en México, dotan a las «instancias (sic; debería decir «autoridades») de seguridad y procuración de justicia» con facultades para requerir a los concesionarios y/o autorizados conforme al citado estatuto información para la localización en tiempo real de equipos de comunicación móvil y metadatos de las comunicaciones de sus usuarios.

El Economista publicó un día antes de la promulgación de dicho ordenamiento una nota refiriendo que la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, integrada por los órganos garantes de acceso a la información y protección de datos del país como el IFAI, InfoDF, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, etc., preparan el estudio para iniciar una controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal por considerar que los actos consistentes en la iniciativa, aprobación y promulgación de la «#LeyTelecomm» resultan en violaciones constitucionales a los artículos 1, 11, 14 y 16 de la Constitución Política, relativos a derechos humanos, libre tránsito, debido proceso, e intimidad de las personas.

A pesar del lamentable resultado del proceso legislativo en materia de telecomunicaciones a ese respecto, el hecho que un organismo que apenas recientemente obtuvieron la facultad para iniciar una controversia constitucional no sólo considere ejercerla con tal motivo, sino que prepare su estudio es alentador y da un respiro de esperanza sobre el constitucionalismo mexicano, así como sobre el progreso del país en materia de privacidad y protección de datos personales.